Blog de opinión y creación literaria de Paco Labarga

11 de octubre de 2013

Condenados a guillotina perpetua

 
(El Código Penal, lo de penal se refiere al pene)

 
Hasta el hartazgo escuchamos casi cada día a éste o aquel político que es necesario modificar el Código Penal para elevar las penas por violación, terrorismo, violencia de género, incendios forestales…
Sin embargo aún no he escuchado a ninguno de estos chupasangres proponer que se aumenten las penas por delitos económicos contra el erario público. Sería una buena manera de luchar contra la corrupción, que no es que esté generalizada en nuestro país, sino que es el principal sector de la economía española.
Un ejemplo ilustrativo. Durante el último año en El Bierzo han sido detenidas más de 25 personas por ese delito tan de moda que es el robo de cable de cobre. En total, el cobre sustraído apenas supera la cantidad de una tonelada. Teniendo en cuenta que el kilo de cobre robado se paga a unos seis euros, el valor total de lo sustraído asciende a unos 6.000 euros, por cuyo robo, recuérdese, han sido detenidas más de 25 personas.
6.000 euros se los dan sin pestañear un alcalde cualquiera o el jerifalte de la Ciuden o del Consejo Comarcal a sus amigos en menos de lo que canta un gallo mediante cualquier contrato amañado y prevaricador sin que ello comporte consecuencia alguna para él delincuen te. No es cuestión de prueba, como se argumenta con frecuencia, porque aquí en Ponferrada el anterior alcalde sacó a contratación pública una obra por un importe de 100.000 euros cuando ya había sido ejecutada . Eso no hace falta probarlo, porque es palmario. Es una prevaricación como una casa, pero nadie se preocupa. De hecho, el nuevo equipo de gobierno mantiene congelada la adjudicación, pero lo más probable es que la obra ya haya sido pagada sin que nadie dé explicaciones y, lo que es peor, sin que nadie las pida, porque no hay un periódico ni un medio de comunicación que se interese por estas cuestiones, por la razón que los periódicos y los medios de comunicación se interesan por otros intereses, normalmente coincidentes con los de los políticos, los jueces y los funcionarios, habitualmente amigos y conniventes con los propietarios de dichos medios.
Así las cosas, es mejor sacar pecho con los 25 detenidos por el robo de cobre en una vieja mina de Victorino o de Viloria, porque en el Código Penal no se aplica el principio de "el que roba a un ladrón". Y lo mismo cabría decir de las aprehensiones de plantas de marihuana y de las detenciones de sus cultivadores, en la práctica totalidad de los casos para consumo propio. De sobra saben nuestras fuerzas de seguridad que no pueden atacar a las redes de tráfico de farlopa, porque quienes las dirigen viajan con frecuencia en sus yates en amistosa compañía con jueces y políticos que luego lo niegan todo, invocando de forma torticera la presunción constitucional de inocencia.
De modo que estamos asistiendo impávidos al lamentable espectáculo de una democracia que criminaliza a una parte de sus súbditos utilizando el propio Código Penal como arma arrojadiza y discriminatoria. De modo que cuando un político propone modificar ese cuerpo legal habitualmente es para ahondar en la injusticia, como es el caso de Ruiz Gallardón (el llamado "hijoputa" por Esperanza Aguirre) con el aborto. Así, el Código Penal es penal por lo que se refiere al pene: quien lo tiene más grande se ríe de la ley a fauce abierta en los putos morros de la sociedad.
Imaginemos que el fraude fiscal o la prevaricación fueran castigados con penas como las del homicidio y que, además, esa pena fuera revisable y ampliable mientras el individuo condenado no devuelva la cantidad defraudada. En tal caso, seguro que tipos como Bárcenas, Mario Conde, Díaz Ferrán u otros empresarios y políticos que están en la mente de todos no andarían por ahí adoptando posturas tan chulescas y dando lecciones de honradez al resto de ciudadanos.
Pero es que el fraude fiscal es, por lo menos, tan dañino socialmente hablando como el homicidio. Los políticos y los empresarios trincones han causado más muertos que la ETA, pero nadie pide para ellos un endurecimiento de las penas o el cumplimiento íntegro de las condenas. Total, ¿para qué?, nunca los condenan: ver el caso de Blesa o de Urdangarín.
El caso es que aún no he escuchado a ningún político, desde el PP hasta Bildu, hacer una reflexión similar a ésta y proponer en serio un cambio en la legislación penal para perseguir y castigar el delito económico como exigiría una sociedad donde han sido precisamente los delitos económicos y los saqueos masivos de dinero público los que han llevado al estado a la bancarrota, abocando a los ciudadanos humildes al desempleo y al desahucio, cuando no al suicidio.
Como resulta obvio, no se puede esperar que un escorpión se pique a sí mismo. Sin embargo, aquí dejamos que los políticos se pongan el sueldo, hagan las leyes que mejor les protegen a ellos y a sus clientes y amigos y luego nos tiramos de los pelos diciendo que todos los políticos son iguales. Pues claro que son iguales, o peores. Nosotros les damos carta blanca para que lo sean.
Alguien, tras esta reflexión, preguntará por la solución. A mí se me ocurren muchas, pero ninguna de ellas es pacífica, todas las que se han utilizado a lo largo de la historia para revertir situaciones similares han pasado por la utilización de la violencia. En concreto, la más famosa de todas ellas se arregló empleando una cuchilla de acero. Aquí, para nuestros políticos y empresarios corruptos, la cuchilla resultaría insuficiente, habría que inventar la pena de muerte revisable: algo así como la guillotina perpetua.

1 comentario:

Anónimo dijo...

¡QUÉ BONITO! POR FIN ALGUIEN QUE OPINA IGUAL QUE YO.
SERÍA LA INSTAURACIÓN DE LA GUILLOTINA EXCLUSIVA PARA LOS BANDIDOS DE ESTADO.
FELICIDADES